50 bebés fallecidos: México padece niveles récord de tos ferina tras caída en la vacunación el sexenio anterior
La Secretaría de Salud identificó hasta el 3 de mayo de este año 881 casos y 50 muertes de niñas y niños por tos ferina, que no habían sido vacunados para prevenirla. Esto representa la mayor cantidad de casos confirmados y fallecimientos en los últimos siete años por esta enfermedad.
En contraste, las vacunas aplicadas a infancias y adolescentes descendieron cada año desde 2016, de acuerdo con datos de las Secretaría de Salud.
En 2018 se aplicaron 6 millones 213 mil vacunas DPT y Pentavalente, que previenen la tos ferina, y en 2023 -último año con datos completos- se aplicaron 5 millones 273 mil biológicos. Una baja del 15% .
Especialistas consultados por El Sabueso de Animal Político explicaron que el aumento de casos de tos ferina se debe a diversos factores, sin embargo, la principal causa es la baja en la aplicación de vacunas de niños y personas embarazadas.
Baja cobertura de vacunación, principal responsable de aumento de casos
En el último informe epidemiológico de la semana 18, es decir, hasta el 3 de mayo, las autoridades de salud reportaron 881 casos confirmados de tos ferina, lo que representa un incremento de 1,015% en comparación con los casos registrados en el mismo periodo de 2024.
En el mismo periodo, pero en 2018, hubo 204 casos confirmados de esta enfermedad. Un año después, se registraron 314 personas infectadas; en 2020 se contaron 136 pacientes; en 2021 se reportaron 2 contagios; en 2022 se contabilizaron 3 personas infectadas; en 2023 fueron 25 casos y en 2024 se contaron 79 contagios.
De acuerdo con el último boletín epidemiológico de 2025, la vigilancia epidemiológica de la tos ferina disminuyó en 2020 debido a la pandemia de la COVID-19, por lo que bajó la notificación de casos. Sin embargo, esta baja en la detección se sostuvo hasta 2023.
Hasta la semana epidemiológica 18, las autoridades registraron 50 casos de menores de un año que fallecieron por causa de esta enfermedad. El 91% infantes con menos de seis meses de edad. En el mismo periodo en 2024 no se habían reportado fallecimientos.
De forma anual, se tuvo 27 fallecimientos por tos ferina en 2018; en 2019, aumentó a 33 casos; en 2020 fueron 14; en 2021 se reportaron 5 casos; en 2022 se registraron 9; en 2023 fueron 29 muertes y, con cifras preliminares, se contaron 32 defunciones en 2024.
Alejandro Macías y el neumólogo Gustavo Rosales coincidieron en que la baja en la cobertura de vacunas y en la inmunidad de barrera son una de las causas del aumento de casos de tos ferina.
“Nuestros niños y nosotros dejamos de tener contacto con diversos virus, y eso hizo que nuestro sistema inmune no se actualizara de forma natural… cuando rompimos el aislamiento, volvimos a reunirnos y fuimos más sensibles a desarrollar o adquirir varios virus como la tos ferina”, explicó el neumólogo Gustavo Rosales.
Mientras que Carlos Pantoja Meléndez del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó que “cuando el número de personas que no han sido vacunadas va creciendo, se va rompiendo la inmunidad de barrera, hasta que se juntan el número suficiente [de no inmunizados] para que haya un evento, como el que muy probablemente estemos viendo. Cuando nos inmunizamos generamos como grupo una inmunidad de barrera, de manera que aunque haya un porcentaje bajo de personas que no reciben la vacuna, el resto estamos protegidos por esta barrera”.
Macías insistió en que aunque pudo mejorar la detección, sí hay más casos más allá de ese factor, “sobre todo por la muerte de los niños menores de un año”.
Las vacunas contra la tos ferina se dividen en tres: la vacuna hexavalente para niños menores a un año; la biológico DPT para niños de cuatro años, y la vacuna TDPA para adolescentes y adultos. El Programa Universal Vacunación establece como meta una cobertura del 95% para las vacunas contra la tos ferina y otras enfermedades.
De acuerdo con la ENSANUT 2021-2023, la cobertura de vacunación del biológico hexavalente en niñas y niños con menos de un año de vida, fue de 68.9%, mientras que la cobertura en 2012 fue del 78%. Es decir, bajó casi 10 puntos.
La encuesta estimó que, entre 2021 y 2023, 81 mil niñas y niños no recibieron la vacuna DPT en su primer año de vida. No se cumplieron las metas de vacunación.
Como te contamos en el especial “No somos Dinamarca”, en 2019 la Secretaría de Salud no adquirió el biológico DPT, año en que la cobertura de aplicación bajó a 78%, y dejó a 502 mil infancias sin vacunar. Esta cifra igualó a México con Angola, país africano.
Entre 2019 y 2021, se dejaron de vacunar a 6 millones 832 niñas y niños de cuatro años con la vacuna DPT, de acuerdo con la investigación de Animal Político. En 2023, sólo 77% de los niños de un año recibieron la dosis correspondiente, pese a que en 2018 fueron 9 de cada 10 niños vacunados.
En 2019, la Secretaría de Salud eliminó la Semana Nacional de Salud, la principal iniciativa de difusión a nivel nacional y de aplicación de biológicos de manera masiva, que ocurría tres veces por año. Ese año la tercera semana de salud, de octubre, fue cancelada; decisión que fue tomada en agosto de ese año –justamente cuando las denuncias de desabasto se incrementaron– por parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI).
En su lugar, la Secretaría de Salud estableció las “Jornadas Nacionales de Salud Pública”, que hasta agosto de 2019 no tenía lineamientos, y comenzaron a operar tres meses después. Sin embargo, no solo incluyeron vacunación sino que promovían también los programas de salud reproductiva, mental, bucal, alimentación, activación física, entre otros. Además, las Jornadas solo tendrían dos periodos, en mayo y octubre, eliminando la semana de febrero.
En el mismo año, no hubo la habitual campaña de difusión en radio, televisión, medios impresos, y digitales para informar a la población sobre los beneficios de las vacunas y los riesgos de no inmunizarse, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Gustavo Rosales subrayó que la suspensión de campañas de vacunación sí provocó una disminución en las personas que se aplicaron dosis, por lo que destacó la importancia de fortalecer las campañas y de informar a la población sobre los síntomas de la tos ferina.
El secretario de Salud, David Kershenobich, anunció el inicio de las semanas de vacunación y llamó a la población a participar en estas jornadas. Las autoridades de salud buscan alcanzar el 90 % de cobertura de vacunación en la población, enfocándose especialmente en grupos vulnerables.
“Para el sarampión y la tos ferina, la única medida es la vacunación. Se reinstaló la semana nacional de vacunación, lo cual es muy bueno, pero esto es sobre la base de una campaña permanente en la que lleguemos a tener tasas de vacunación, el 90%. Tanto para la tos ferina como el sarampión”, mencionó Alejandro Macías.
Cae presupuesto para programa de vacunación
A partir de 2022, el presupuesto ejercido por el programa de vacunación disminuyó paulatinamente. En 2021, se gastaron 8 millones 677 mil pesos en este programa, lo cual representa el mayor monto ejercido en los últimos siete años. Sin embargo, el gasto cayó a 4 millones 723 mil pesos en 2024, de acuerdo con datos de la Cuenta Pública.
Para 2025, el presupuesto aprobado para este programa disminuyó 68% en comparación con la bolsa aprobada para 2024. Incluso, el presupuesto destinado para el programa de vacunación en 2025 es inferior al gasto ejercido en 2024.
“Saliendo de la pandemia de COVID, entre el 2021 y 2022 fue que se empezó a observar un rezago en la vacunación que tuvo la niñez”, expuso sobre el tema Tania Ramírez, directora general de Redim.
“Ahora que ya salimos de ese estrés sanitario, pero también social, no habría ningún tipo de excusa para que el esquema básico no esté plenamente garantizado para niñez y adolescencia”.
En una nota previa te contamos que padecimientos prevenibles, cuyo crecimiento pudo ser frenado con una vacuna, como meningitis tuberculosa, Hepatitis B, tétanos y la enfermedad invasiva por neumococo registraron incrementos entre infancias de hasta 5 años de edad a partir de 2019, de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
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