Para entender mejor
“Tenemos una crisis forense en el país. Nosotros, peritos, en realidad ponemos el corazón en nuestro trabajo y hacemos lo humanamente posible para que pueda salir esto adelante, pero desafortunadamente los dirigentes y el personal contratado por ellos no tienen formación forense y no hay insumos, entonces ¿cómo vamos a dar resultados?”.
Con estas palabras el doctor Jerónimo describió las problemáticas y carencias con las que trabajan en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO), situación que ha llevado al personal a manifestarse para exigir que se les dote de materiales para trabajar sin riesgo de infecciones.
Además, los trabajadores del INCIFO pidieron que se destituya a la directora, Patricia Crespo, así como al subdirector de Tanatología, Andrés Oriol, quien aparece en una fotografía utilizando la tapa de un cráneo para simular que bebe de él, imagen que se observa en una de las lonas colocadas afuera de las oficinas del instituto a manera de protesta.
Ante la falta de respuesta por parte de los directivos del INCIFO, los trabajadores iniciaron un paro activo, lo que significa que continúan brindando servicios, “porque entendemos perfectamente que cerrar por completo perjudicaría a quienes vienen a hacer trámites, pero continuaremos protestando para visibilizar los problemas que tenemos”, comentó L., perito de la dependencia.
Frente a medios de comunicación, trabajadores del Instituto mostraron los materiales que les proveen para realizar sus labores con cadáveres en distintos grados de descomposición: “una bata de material sintético que transfiere todos los virus corporales, un cubreboca tricapa que sirve para 4 horas pero debemos usarlo por el doble de tiempo y guantes que se rompen y no son de los tamaños adecuados”, reclamaron.
Esto, aunque de acuerdo con los lineamientos del INCIFO, deberían dotarles de pijamas quirúrgicas, trajes de bioseguridad, goggles de seguridad, cubrebocas N95, mandiles de PVC, botas industriales, guantes de latex y nitrilo, gorros quirúrgicos, así como cubrecalzado.
“Con lo que nos dan, ¿qué protección podemos tener? Los reclamos no son porque nosotros queramos, es lo que se establece en los lineamientos del forense. ¿De qué se trata?, ¿De estar tolerando todos los abusos de los directivos y arriesgarnos? Hace poco tuvimos el caso de una compañera que falleció por una neuroinfección y nadie dijo nada, no hicieron nada los directivos. Seguimos igual”, lamentó Jerónimo.
“¿Cómo vamos a hacer frente a la crisis forense con este tipo de situaciones y de acciones que hacen los directivos? El servicio de patología tiene carencias que retrasan los procesos para determinar de qué fallecen los individuos, ¿Y quién la paga? Los familiares que están aquí hasta 12 horas esperando que les entreguen el cuerpo de su familiar, lo que no es justo”, cuestionó.
Por su parte, L. expuso que los peritos exigen que se les dé un aumento salarial del 10% con las prestaciones que corresponden, ya que “hay muchos que son dactiloscopistas y fotógrafos, pero ganan lo mismo que una secretaria, y eso no tiene que pasar”.
“La crisis forense es tremenda, pero si no tenemos con qué trabajar, ¿cómo podemos disminuirla? No tenemos manera de frenar esta lamentable situación”, expresó la perito forense.
Carolina Espinoza, integrante del colectivo de búsqueda de desaparecidos ‘Una luz en el camino’, acudió al INCIFO para sumarse a la protesta de los trabajadores, en reclamo de que “no hay insumos para la perfilaciones de los restos, y muchos de los hallazgos que hemos tenido en campo los está estudiando la Fiscalía ante la falta de materiales aquí, lo que hace muy difícil y tardado que nos den resultados”.
En su caso, lleva más de cinco años buscando a su esposo Ignacio Santiago Pérez, desaparecido el 12 de junio de 2020 en la alcaldía Magdalena Contreras, sin que hasta ahora tenga alguna información de su paradero, ante lo que reclama que se debe mejorar el trabajo del INCIFO porque “siempre me muestran las mismas fotografías de personas fallecidas, lo que para mí no es muy confiable… mi esposo tal vez pudo haber estado aquí, y capaz que ya lo mandaron a la fosa común”.
Carlos Ramírez, del colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México, apuntó que se encuentran apoyando la protesta del INCIFO, ya que las condiciones en las que actualmente laboran los trabajadores “nos han afectado en la búsqueda de personas desaparecidas, porque hay dilaciones en la identificación y eso representa mucha incertidumbre y pesar para las familias”.
Asimismo, mencionó que se suman a la exigencia de que se destituya a la directora y subdirector del instituto por las “malas prácticas” que se han hecho públicas, como el acto que quedó plasmado en una fotografía, cometido por Andrés Oriol.
Para los familiares de personas desaparecidas, la posibilidad de que se dote de mejores materiales de trabajo al personal del INCIFO representa la posibilidad de que “haya mayor capacidad y se mejoren las condiciones de identificación de los cuerpos, porque nosotros tenemos casos que llevan más de tres años y que siguen sin resultados”.
Este viernes, autoridades acudieron a las oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de México para negociar con los trabajadores que se mantienen en paro desde el pasado 29 de mayo, en exigencia de aumentos salariales.
A este diálogo se sumaron la perito L. y el doctor Jerónimo en representación de los trabajadores del INCIFO; sin embargo, después de dos horas, abandonaron la mesa de negociación, debido a que se estaban tratando otros temas y se relegaron las problemáticas que viven en el instituto forense.
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“Sigue la mesa de trabajo, los trabajadores están presionando, pero el gobierno está en una postura un poco negativa. Desafortunadamente, ahorita se están tratando cuestiones económicas para que el Poder Judicial de la Ciudad de México reanude labores y nada más”, comentó Jerónimo.
Aunque remarcó que no se interrumpirán los trabajos en el INCIFO, apuntó que continuarán con acciones de protesta para visibilizar la situación en la que trabajan y las consecuencias de rezago que genera el que no cuenten con condiciones dignas para realizar su labor, además de que continuarán con el proceso de queja que interpusieron ante la Dirección de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia capitalino.
Jennifer Simons se enfrentará a importantes desafíos, entre ellos la gestión de sus recién descubiertas reservas petroleras que podrían dar un iro a una de las naciones más pobres de la región.
El parlamento de Surinam respaldó este domingo a la primera presidenta de la historia del país, Jennifer Simons, de 71 años, que asume un importante reto: gestionar sus recién descubiertas enormes reservas petroleras, que podrían dar un vuelco a una de las naciones más pobres de la región.
Surinam, el país más pequeño de Sudamérica tanto por población como por territorio, celebra además este año el 50 aniversario de su independencia de Países Bajos.
Jennifer “Jenny” Simons, que lidera una coalición de partidos opositores, ha logrado acceder a la presidencia de Surinam gracias a que el actual presidente, Chandrikapersad “Chan” Santokhi, decidió no presentarse a la reelección al no contar su partido con el apoyo requerido de dos tercios de la cámara de representantes.
“Pronto serás la primera mujer presidenta de nuestro país, un momento histórico de importancia nacional”, declaró el presidente del Parlamento, Ashwin Adhin, después de que los legisladores aprobaran la elección de Simons con una salva de aplausos.
La nueva líder del país es médico de formación, aunque entró en la política en 1996 como diputada de la circunscripción de la capital, Paramaribo.
Ha sido en el pasado presidenta del parlamento de Surinam y lidera el Partido Nacional Democrático (PND) -que fue fundado por el golpista y posteriormente presidente electo y prófugo de la justicia Desiré “Dési” Bouterse- desde 2024.
En las elecciones del pasado 25 de mayo, el PND logró hacerse con 18 de los 51 escaños del parlamento surinamés, más que el partido centrista de Santokhi, y logró el acuerdo de otras cinco formaciones menores de la cámara para recabar el apoyo de 34 diputados.
La investidura de Simons está prevista para el 16 de julio, cuando finalice el mandato de cinco años de Shantokhi.
La nueva presidenta tendrá que enfrentarse a importantes desafíos.
Cerca del 20 % de los 600.000 habitantes de Surinam se sitúa por debajo del umbral de la pobreza.
Su población es muy diversa, y está compuesta principalmente por descendientes de indios, indonesios, chinos, neerlandeses, grupos indígenas y esclavos africanos.
Alrededor del 90 % de la superficie de este país caribeño está cubierta por bosques tropicales, y su economía se ha sustentado durante décadas en la minería -tiene, entre otras cosas, oro- y la agricultura.
En los últimos años, ha mirado cada vez más a China como aliado político y socio comercial y, en 2019 se convirtió en uno de los primeros países de Sudamérica en sumarse a la iniciativa de infraestructura de la Franja y la Ruta de China, también conocida como Nueva Ruta de la Seda.
La inflación, que llegó a superar el 60 %, y los acuerdos con organismos financieros internacionales para reestructurar la deuda del país provocaron en 2023 importantes protestas contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de Santokhi.
Pero el hallazgo en 2020 de importantes yacimientos de petróleo en aguas territoriales surinamesas ha cambiado las expectativas del país y ha atraído nueva inversión.
Petroleras como la francesa TotalEnergies o Petronas operan ya en los yacimientos, y se espera que en 2028 comience la explotación de un bloque marino con una producción estimada de 220.000 barriles diarios, mucho más que los 5.000 a 6.000 actuales.
El antecesor de Simons, Santokhi, había llegado a prometer que los beneficios de la riqueza petrolera serían distribuidos entre los surinameses, y que cada ciudadano recibiría US$750 en una cuenta de ahorro con una tasa de interés del 7 % anual.
En unas declaraciones a AFP, Santokhi señaló que Surinam era “consciente de la maldición del petróleo”, también conocida como “enfermedad holandesa”, que había afectado a otros países ricos en recursos, como Venezuela, Angola y Argelia, incapaces de convertir la riqueza petrolera en éxito económico.
Noruega es una excepción a esta “maldición” gracias al establecimiento de un fondo soberano.
Cómo se administrará la riqueza que parece estar por venir, y que los expertos calculan en unos US$10.000 millones en los próximos 10 o 20 años, será uno de los desfíos de Jennifer Simons.
Pero la nueva presidenta, cuyo mandato se extenderá hasta 2030, no ha aclarado qué hara su gobierno con los nuevos ingresos petroleros, y la frágil coalición que la sustenta podría llevar a desacuerdos sobre cómo administrarlo.
Surinam cuenta con una turbulenta historia de rebeliones y golpes de Estado desde su independencia de la corona holandesa en 1975.
Uno de ellos fue el conocido como “golpe de los sargentos” en 1980, en el que Bouterse se convirtió en líder de facto del país hasta 1987, tiempo en el que fue acusado de estar involucrado en el asesinato de 15 opositores, entre ellos abogados, periodistas, empresarios y militares presos. Años después, en 2010, volvió a la presidencia, esta vez por las urnas, hasta ser derrotado en 2020.
Jennifer Simons mantuvo una estrecha colaboración con Bouterse durante su presidencia electa, algo que ahora le espetan sus críticos.
Durante este tiempo, fue presidenta del Parlamento y fue clave para aprobar una ley de amnistía que benefició directamente a Bouterse.
El expresidente, calificado ampliamente de dictador por muchos surinameses, fue condenado finalmente a 20 años de prisión en 2024 por el asesinato de los opositores políticos, pero Bouterse se dio a la fuga y murió en la clandestinidad a finales de ese año.
Con Bouterse prófugo, Simons fue elegida para liderar el Partido Nacional Democrático en julio de 2024, regresando así a la política que había abandonado cuatro años antes.
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