Las formas importan: el procedimiento y la legitimidad de la elección judicial
La inédita elección judicial del pasado 1 de junio es, quiérase o no, un parteaguas de nuestra historia política. A expensas de las salvedades que tenga el Instituto Nacional Electoral respecto de las personas elegidas para conformar el nuevo Poder Judicial Federal (y los poderes judiciales locales que también se sometieron a votación, no olvidemos) o las impugnaciones que se presenten tras la oficialización de los resultados, podemos decir, con un poco de ironía y abusando del juego de palabras, que esto es “cosa juzgada”. Pasada la jornada electoral extraordinaria, queda por intentar dotar de sentido a lo ocurrido para saber en dónde estamos parados.
Para ello, me interesa enfocarme en una cuestión fundamental: el procedimiento, es decir, los pasos y reglas a seguir durante un proceso electoral, que son los actos preparatorios de la jornada electoral. Sí, lo sé, es tal vez la parte más aburrida o anticlimática de toda jornada electoral; sin embargo, sin ella no es posible decir que unas elecciones sean relevantes, válidas o, incluso, representativas de la voluntad popular expresada en las urnas. Los resultados, las campañas y quienes participan siempre dan el color de toda elección; tal vez la relativa confianza y certeza electoral que vivimos durante los últimos 25 años, a excepción de la elección de 2006, nos hizo omisos ante la relevancia del procedimiento como garante de la legitimidad democrática de las elecciones.
En el derecho y la política el procedimiento es el puente entre las normas y su aplicación, entre el poder y la autoridad. La validez de las normas no depende sólo de las posibilidades y límites que dicten para una acción determinada, sino por los pasos y los requisitos que permiten juzgar si esta acción es válida o no… (por ejemplo, los límites de velocidad: mientras un vehículo no lo exceda no debe ser sancionado por eso). En el caso de la política, el paso del poder a la autoridad requiere de pasos y requisitos que dotan de validez y legitimidad al primero para considerarlo, entonces, como un acto autorizado.
Sé que parece una visión demasiado técnica y formal, hasta fría, de la política y el derecho; incluso puede decirse que es una visión ingenua o idealista sobre la política, porque las autoridades y los gobernantes desdeñan con facilidad los procedimientos para alcanzar sus objetivos. Y es cierto, no podemos ignorar que eso ocurre, pero cuando fallan o faltan los procedimientos, conocemos los abusos del poder y del derecho, así como sus consecuencias en situaciones de violencia y explotación. Sin embargo, uno de los mayores logros de la democratización en nuestro país fue consolidar un procedimiento electoral que fuera confiable para la ciudadanía (que tampoco es perfecto, lo sé).
La principal aportación de los procedimientos es que nos dejan un testimonio claro de las decisiones que se toman, los recursos que se ejercen y las consecuencias de los actos. Además, ofrecen cierta regularidad sobre la que se cimenta la confianza de las personas: si sabemos que debemos participar en elecciones periódicas, lo mejor que podemos esperar es que cada vez que lo hagamos las reglas y los pasos a seguir sean los mismos. Por eso las reformas electorales siempre son de trascendencia nacional y hasta generacional: cambiar las reglas del juego cambia nuestras expectativas de sus resultados.
Pero en esta ocasión fue distinto porque desde un principio hubo sospechas y reservas sobre los procedimientos seguidos. No me refiero solamente a la aprobación de la reforma judicial, situación ampliamente discutida y criticada por las formas con que Morena logró el cambio más importante en el Poder Judicial de los últimos 30 años, sino a la postulación de candidaturas, la selección de los perfiles y las limitaciones que enfrentó la autoridad electoral. Cada paso del proceso, desde la Reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 hasta la elección del 1 de junio de este año, enfrentó desconfianza hacia los procedimientos para realizar esta elección.
Lo que inicialmente era un proceso tripartito entre los poderes de la Unión, fue definido solamente entre el legislativo y el ejecutivo: el Comité de Evaluación del Poder Judicial renunció en enero de 2025 porque consideró imposible realizar su trabajo de conformación de las listas de candidaturas, pues consideraba que debía acatar las resoluciones de los juicios de amparo promovidos en contra de la reforma y sus leyes secundarias. En consecuencia, el Poder Judicial no presentó una lista de candidaturas, función que asumió el Poder Legislativo. En lugar de buscar una solución política a un problema jurídico, ninguno de los poderes accedió a encontrar un punto medio que era necesario para que esta reforma contara con, al menos, el respaldo formal de los tres poderes.
La conformación de listas por el legislativo y el ejecutivo estuvo marcada por falsas postulaciones, nombres de personas con antecedentes penales, procesos judiciales abiertos, denuncias por violencia sexual y de género, participación en procesos polémicos como el despojo de tierras, episodios de desaparición y represión de activistas en defensa de distintas causas, o violaciones de derechos humanos. Ninguno de los dos poderes atendió a estos señalamientos y sus listados carecían de una evaluación apropiada de los perfiles. En algunos casos hubo candidaturas únicas, donde lo único que quedaba por hacer en la elección era contar cuánta gente votaba por esa candidatura.
Igualmente, no podemos olvidar las limitaciones y carencias inducidas contra el Instituto Nacional Electoral, pues afectaron los procedimientos y el proceso en su conjunto. En lugar instalar todas las casillas como en la elección federal de 2024, los recortes presupuestales y la negativa del Ejecutivo por reponer el dinero necesario obligó a realizar los ajustes que hicieran posible que la elección se realizara, sin más. En consecuencia, hubo menos casillas, funcionarias y funcionarios para apoyar a la ciudadanía que accedió a participar en esta labor democrática, menos capacidad de organización y de vigilancia de un proceso, y un proceso dilatado de cómputo de los resultados que requería toda la capacidad institucional para hacerse de una legitimidad política.
La suma de candidaturas cuestionables, de un instituto reducido y abiertamente incapacitado para dotar al proceso de los principios fundamentales de nuestro sistema electoral (independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y perspectiva de género), y la abierta promoción partidista de candidaturas preferidas por parte del oficialismo, desembocaron en la jornada vista el domingo. Una bajísima participación atribuible a distintos factores: desinformación, falta de cobertura en las casillas, un desinterés motivado por la abierta campaña de promoción encabezada por el gobierno federal y Morena. A pesar de ser una elección extraordinaria, es preocupante que sólo participara el 13 % de los votantes registrados en nuestro país, sólo por encima de la consulta popular de 2021 (7.11 %) y debajo de la revocación de mandato en 2022 (17.78 %), los otros procesos promovidos por el oficialismo como muestra de la democratización plena de nuestro país.
No puede desestimarse el desdén por el procedimiento como causa de la baja participación: si no confiamos en las elecciones que se van a realizar, ¿qué nos motiva a participar? De cara a las elecciones intermedias de 2027, donde se incluirán las elecciones judiciales en un proceso ordinario por primera vez, no podemos repetir esta experiencia, pues una ciudadanía que desconfía de las elecciones puede abandonar rápidamente la voluntad de manifestar sus preferencias de esa manera. Me gustaría darle un voto de confianza al régimen para revisar los resultados de esta elección y corregir, y no repetir los errores que minaron los procedimientos; sin embargo, los antecedentes nos han demostrado lo contrario y nos enfrentaremos ahora a un nuevo statu quo: el desdén del procedimiento, la desconfianza de los resultados y la posible apatía de una ciudadanía que manifestará sus descontentos por otros medios.
* Armando Luna Franco (@drats89) es Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especializado en temas de teoría política y sistemas electorales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al gobernante federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de dos mil soldados de la Guardia Nacional a Los Ángeles, ante una escalada en las protestas contra las redadas migratorias en la ciudad californiana.
La decisión del mandatario se impuso sobre la autoridad del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien calificó la medida de “provocación deliberada”.
En la última semana, al menos 118 inmigrantes fueron arrestados en operativos realizados en varias partes de la ciudad. Esto generó un ambiente de tensión cuando multitudes se congregaron frente a negocios que presuntamente iban a ser blanco de redadas.
Según la oficina del alguacil del condado de Los Ángeles, los manifestantes se tornaron “cada vez más agresivos, lanzando objetos y mostrando comportamientos violentos”, lo que obligó a la policía a emplear gas lacrimógeno y granadas aturdidoras.
Las autoridades locales informaron que hubo 29 detenidos.
Trump justificó su decisión alegando que Los Ángeles vive una “invasión y ocupación por inmigrantes indocumentados y criminales”, según escribió en su plataforma Truth Social.
“Ahora, turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, agregó.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó.
Más allá de las razones de Trump para movilizar a la Guardia Nacional, BBC Mundo plantea otras 4 preguntas para comprender lo que está ocurriendo.
1. ¿Tiene el presidente autoridad para desplegar a la Guardia Nacional?
Para contener los disturbios, Trump recurrió a una ley federal poco utilizada que permite al presidente federalizar a la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias específicas.
Normalmente, la Guardia Nacional de cada estado se activa únicamente cuando lo solicita el gobernador.
Sin embargo, en esta ocasión Trump eludió ese procedimiento invocando una disposición especial del Código de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (10 U.S.C. §12406), que contempla tres circunstancias bajo las cuales el presidente puede poner bajo control federal a la Guardia Nacional.
- Si EU “es invadido o está en peligro de invasión por una nación extranjera”.
- Si “existe una rebelión o peligro de rebelión” contra el gobierno.
- Si “el presidente no puede ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares”.
Trump indicó en su memorando que las protestas en Los Ángeles constituyen “una forma de rebelión contra la autoridad del gobierno de Estados Unidos”.
Expertos aseguran que esta es la primera vez desde 1965 que la Guardia Nacional es activada por orden presidencial sin el consentimiento del gobernador estatal.
En 1992, durante los disturbios provocados por la absolución de policías acusados de golpear al automovilista afroestadounidense Rodney King, el entonces presidente George HW Bush envió tropas federales, pero en ese caso fue el gobernador de California, Pete Wilson, quien solicitó el apoyo.
En 2020, tropas de la Guardia Nacional fueron desplegadas en algunos estados tras las protestas por la muerte de George Floyd.
2. ¿Cómo respondieron las autoridades a la decisión de Trump?
Altos funcionarios del gobierno de Trump respaldaron la movilización militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en redes sociales que era una decisión “de sentido común” y agregó: “La violencia y destrucción contra agentes e instalaciones federales NO serán toleradas”.
El senador republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, declaró a CNN: “¿Parece que las protestas están bajo control? Absolutamente no”.
Sin embargo, varios funcionarios californianos rechazaron la intervención militar al asegurar que la policía local puede controlar los disturbios y que la presencia del ejército es innecesaria.
La congresista demócrata Nanette Barragán, quien representa a Paramount, una localidad de las afueras de Los Ángeles donde se registraron protestas, le dijo a CNN: “No necesitamos esa ayuda”.
“La Guardia Nacional solo empeorará las cosas”, añadió.
Sus palabras coinciden con las del gobernador Newsom, quien denunció en la red social X: “El gobierno federal está tomando el control de la Guardia Nacional de California y enviando dos mil soldados a Los Ángeles, no porque falten policías, sino porque quieren montar un espectáculo”.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, declaró también a ABC7 que el despliegue militar es innecesario.
3. ¿Qué está haciendo ICE en Los Ángeles?
Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron redadas el viernes en zonas mayoritariamente latinas de Los Ángeles como parte de la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración irregular.
Un portavoz confirmó que 44 personas fueron arrestadas ese día.
Estos operativos forman parte del objetivo presidencial de realizar “la mayor operación de deportación en la historia de EU”.
Los Ángeles, que tiene una numerosa población migrante, se ha convertido en un foco importante para esta política migratoria.
A principios de mayo, ICE anunció la detención de 239 migrantes indocumentados en una operación de una semana en la ciudad, aunque las cifras de arrestos generales no han cumplido las expectativas del gobierno.
En junio, la Casa Blanca incrementó su meta, estableciendo que ICE debería realizar al menos tres mil arrestos diarios.
Las autoridades han extendido cada vez más sus operativos a lugares de trabajo como restaurantes y tiendas minoristas.
Las recientes redadas en Los Ángeles, que generaron protestas, ocurrieron en un comercio mayorista de ropa y en una sucursal de la cadena de ferreterías Home Depot.
“Van a ver más redadas en lugares de trabajo de las que se hayan visto en la historia de este país”, afirmó Thomas Homan, el “zar de la frontera” del gobierno de Trump.
Esta agresiva campaña de deportaciones ha incluido el traslado de migrantes en aviones militares hacia la base de Guantánamo, centro militar estadounidense criticado por abusos contra los derechos humanos, antes de llevarlos a Luisiana.
Otros fueron enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, incluyendo al menos un migrante con estatus legal en EE.UU.
Algunos incluso fueron enviados a países con los que no tienen ningún vínculo de origen.
Muchas de estas acciones han enfrentado desafíos legales en los tribunales.
4. ¿Cómo ha reaccionado Los Ángeles ante las redadas?
El viernes, varios manifestantes se enfrentaron con agentes federales frente a un comercio mayorista de ropa. Lanzaron objetos e intentaron impedir los arrestos. Los agentes federales respondieron usando granadas de estruendo y gas pimienta.
En Paramount, ubicada a unos 32 kilómetros del sur del centro de Los Ángeles, también se usaron gases lacrimógenos y granadas de estruendo contra manifestantes frente a una tienda Home Depot.
En redes sociales, ICE describió la situación así: “Nuestros valientes agentes fueron ampliamente superados en número: más de mil manifestantes rodearon y atacaron un edificio federal”.
En respuesta a las protestas, la policía de Los Ángeles confirmó que realizó 29 arrestos, casi todos por negarse a dispersarse, una falta menor, según informó CBS News, medio asociado de la BBC en EU.
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